No se realizó un análisis social para integrar a los vecinos
Expertos señalaron que la situación era previsible porque no se realizó un análisis social para integrarlos
THABATA MOLINA 20 de enero 2013 – El Nacional
Casi sin que los caraqueños se dieran cuenta fueron edificadas las torres de la Misión Vivienda en varios sectores de la capital. Con ellas llegaron sus habitantes provenientes de refugios o zonas populares, y los conflictos propios de la improvisación en la asignación de esos inmuebles no se hicieron esperar.
Homicidios, tiroteos, consumos de alcohol y drogas son sólo algunos de los problemas que han sucedido en estos nuevos conjuntos residenciales. Para quienes han estudiado el problema de la violencia en Venezuela, las situaciones de conflictividad en torno a estas viviendas eran previsibles pues existen dos factores que inducirían el comienzo de los problemas. En principio se sabía que había recelo de las personas de las comunidades adyacentes por la llegada de extraños a las urbanizaciones y, por otro lado, hay inconvenientes de convivencia entre los mismos inquilinos de los edificios construidos por el Gobierno.
“Los de convivencia vienen dados con la adaptación de vivir en un edificio porque no es lo mismo vivir en este tipo de construcción que en una casa; en una torre destacan el ruido, el manejo de la basura, hay espacios comunes y, en general, estas personas no saben vivir de esta manera. Por otro lado, están los edificios adyacentes que tienen hábitos distintos, maneras diferentes de cohabitar en comunidad y por ahí comienza la violencia”, explicó Roberto Briceño León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia.
Algunas víctimas. Uno de los casos más sonados ocurrido dentro de una de las construcciones del Gobierno es el asesinato del médico forense Edixon Ipuana, de 34 años de edad, en octubre de 2012. Al profesional, que trabajaba en la morgue de Bello Monte, lo mataron por reclamarle a un grupo de vecinos que supuestamente estaban consumiendo drogas en la entrada de la urbanización. Ipuana llegaba a su apartamento en el edificio 37 de la segunda etapa de Cacique Tiuna, en La Rinconada, cuando fue atacado.
Pero el caso de Ipuana no es el único. El 29 de diciembre pasado, en una de las torres construidas dentro de Fuerte Tiuna un vecino mató a otro porque lo tropezó con una nevera cuando la subía a su apartamento nuevo.
“Nosotros nos mudamos el 21 de diciembre y el 29 fue el primer problema. El señor Manuel iba subiendo al piso 11 con una nevera y, sin querer, tropezó a un hombre que le dicen “Humo”, y después él subió con una pistola y lo mató. La esposa de “Humo”, que era a la que le habían adjudicado el apartamento, se tuvo que ir del edificio”, relató Yajaira Hernández, una de las vecinas de la torre en la que ocurrió el suceso.
Manual de convivencia. Marlis Cárdenas, representante política de la Sala de Refugios Dignos del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia que sirve de enlace entre el Gobierno y los refugiados a quienes se les adjudican los apartamentos, aseguró que para evitar las situaciones de violencia dentro de los edificios de la Misión Vivienda, a los habitantes se les entrega el manual de convivencia contenido en la Ley de Refugios.
“En los urbanismos hay atención social, prevención y educación para evitar que haya violencia. También hay coordinación con funcionarios policiales y militares. En los edificios, al igual que en los refugios, no se permite el ingreso de armas de fuego y eso lo dice la ley”, explicó la funcionaria.
El artículo 34, numeral 4 del texto que mencionó Cárdenas establece que para garantizar la convivencia armónica, solidaria y respetuosa todas las familias deben resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera presentarse y señala que estos lugares deben ser sitios de paz, libres de cualquier tipo de violencia.
El numeral 6 especifica que en el interior de esos lugares y zonas adyacentes queda prohibido ingerir, poseer, vender o distribuir bebidas alcohólicas y cualquier sustancia ilícita, así como portar o tener cualquier tipo de arma y propiciar o participar en pleitos, riñas o peleas; sin embargo, la realidad es que en algunos de estos urbanismos los vecinos de otros edificios indican que han tenido que modificar sus hábitos ante la llegada de nuevos inquilinos.
“Ahora hay gente a toda hora en la entrada de esa torre, que la entregaron en octubre. De día y de noche hay un montón de motorizados y se sientan en las escaleras a consumir alcohol. Nosotros decidimos, por seguridad, que después de las 6:00 pm procuramos no salir”, expresó Amanda Mijares, vecina de Las Palmas.
Más riesgos. El 1° de enero de 2013 en la madrugada tres personas fueron asesinadas a tiros frente a un edificio de la Misión Vivienda entre las esquinas de Jesuitas y Maturín, en plena avenida Urdaneta. Un grupo de aproximadamente 15 invasores del edificio Pemar supuestamente rodearon a José Alberto Reverón, de 24 años de edad; a Miguel Ángel Pineda, de 26 años de edad, y a Ángel Vargas, de 27 años de edad, y les dispararon.
“Aquí los problemas son con la gente del barrio que está al lado, que como no nos querían entonces comenzaron los conflictos. Ahora las bandas del barrio y las de la gente que vive en los edificios vive enfrentándose y ya a las 7:00 pm hay que estar guardado en su casa; los niños no pueden jugar porque en cualquier momento se arma un tiroteo”, expresó Álvaro Vásquez, habitante de Ciudad Mariche. Agregó que la Policía y la Guardia Nacional evitan entrar en la urbanización por temor de ser atacados.
“Ellos sólo pasan una vez al día, temprano, pero si pasa algo llegan después de que todo se calmó”, dijo.
Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, señaló que antes de hacer esas asignaciones, el Gobierno debió estudiar el origen de cada una de esas familias.
“Lo que pasa es que mucha de esa gente no se conoce, tienen distintas costumbres y eso genera conflictividad social debido a variables culturales, económicas y como tema adicional, los homicidios, que sabemos que por lo general están focalizados en zonas populares y no en áreas residenciales. Evidentemente no todo el que está en esos edificios es gente mala, pero inevitablemente ocurre lo mismo que en los refugios y los barrios en los que hay grupitos pequeños que mantienen a los demás sometidos”, expresó Cedeño.
Zonas rojas en refugios
La violencia no es un problema exclusivo de los nuevos urbanismos de la Misión Vivienda. En los refugios en los que el Gobierno ha reubicado a las personas que han perdido sus viviendas también han ocurrido hechos delictivos.
Octubre de 2011: Clemente Sojo, de 51 años de edad, murió después de recibir una puñalada por la espalda mientras hacía la cola para entrar en el comedor de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Diciembre de 2011: Richard Ramos, de 26 años de edad, fue descuartizado y sus restos fueron lanzados en el patio del Inces del 23 de Enero.
Diciembre de 2011: Ángelo Silva, de 21 años de edad, recibió 9 tiros cuando se encontraba en las adyacencias del Batallón Ayala, en el refugio 3 de Fuerte Tiuna.
Enero de 2012: Richard Rivera, de 19 años de edad, fue asesinado por defender a su hermano. Le dieron un tiro en el pecho en el refugio Negra Hipólita, en el sector Vista Ávila.
Febrero de 2012: Jean Carlos Fuentes, de 23 años de edad, recibió un tiro en la frente después de una discusión con los damnificados del piso 2 del Hipódromo La Rinconada.
Julio de 2012: Una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo en el piso 12 de la torre de El Chorro.
Julio de 2012: Tres adolescentes fueron asesinados en la azotea del refugio Che Guevara, en Antímano.
Agosto de 2012: Guillermo Carillo, de 22 años de edad, oficial de la PNB, recibió cuatro tiros en la cabeza cuando estaba de guardia en un albergue en Catia.
Enero de 2013: Jamaiquelín Dayana Piña Tovar, de 26 años de edad, recibió varios tiros cuando estaba en la puerta del refugio La Dignidad, en Catia.
